CARACAS, Venezuela (AP) — Leopoldo López, una de las cabezas de la oposición venezolana, se entregó el martes a las autoridades para enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en los hechos violentos de la semana pasada.
López descartó marchar, como estaba previsto, afirmando que lo hacía para evitar hechos de violencia.
“Tenía opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad y no tenemos nada que esconder”, dijo López ante miles de sus seguidores poco antes de caminar hacia un cordón policial para entregarse a las autoridades.
Agregó que se presentaba “ante una justicia corrupta” y destacó que si su arresto permite a “Venezuela despertar definitivamente y para que los venezolanos que queremos el cambio, mi encarcelamiento valdrá la pena”.
“Les ruego que cuando yo pase y me entregue, les pido por favor que tengamos prudencia, sin confrontación”, dijo López, quien megáfono en mano y sobre el pedestal de una estatua se dirigió a los manifestantes, muchos de ellos estudiantes.
Resaltó que el lugar escogido para entregarse fue elegido para explicar de viva voz las razones de su lucha.
“Esta lucha sí es por nuestros jóvenes, sí es por los estudiantes, por los reprimidos, por los encarcelados, por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo colas, escasez, los jóvenes no tienen empleo ni futuro”, enfatizó.
“No arriesgaré a nadie, no caigamos en violencia”, agregó y se montó en un vehículo blindado de la Guardia Nacional. Fue acompañado hasta el cordón policial por periodistas y un puñado de personas que no pudieron ir más allá de los piquetes policiales. El dirigente opositor llevaba en las manos la bandera nacional.
Los más de 10.000 manifestantes, vestidos de blanco y con gorras con el tricolor nacional, acataron el llamado de López y se alejaron pacíficamente de las fuerzas de seguridad rumbo a una populosa plaza del este de la ciudad.
Las autoridades abrieron contra López, de 42 años y dirigente de la organización opositora Voluntad Popular, un proceso por su presunta responsabilidad en los violentos incidentes que se registraron el 12 de febrero en Caracas tras una multitudinaria marcha de universitarios y opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Los manifestantes acusan al gobierno de Maduro y de su predecesor Hugo Chávez de los altos índices de criminalidad y de otros problemas que agobian a los venezolanos como la galopante inflación y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad.
Los homicidios se han cuadruplicado en los últimos 15 años, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que señaló que 2013 culminó con 24.763 muertes violentas.
Durante los últimos ocho días, las protestas callejeras se han multiplicado en la capital y otras ciudades, dejando cerca de dos centenares de detenidos.
El dirigente opositor ha negado las acusaciones y aseguró que es un “perseguido político”.
“Soy inocente. No tengo nada que temer. Siempre daré la cara”, dijo López, también vestido de blanco.
Maduro acusa López de encabezar un complot “fascista” en su contra financiado por Estados Unidos.
La entrega del líder opositor se produjo un día después de que el gobierno expulsó a tres funcionarios consulares de Estados Unidos alegando que apoyaban a la oposición en supuestos planes para derrocar al gobierno.
En Washington, el Departamento de Estado dijo el martes que esas acusaciones son ” infundadas y falsas” y dio a entender que tomará medidas de represalia.
La portavoz Jen Psaki dijo que culpar a Estados Unidos por los eventos en Venezuela carece de seriedad y es un ardid del gobierno para distraer la atención de sus propias acciones y la “grave situación” que enfrenta.
Maduro ha expulsado a varios diplomáticos estadounidenses en dos recientes ocasiones.
La ahora suspendida marcha opositora había generado gran expectativa debido a que el alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, había negado el permiso de tránsito y a que la manifestación podía coincidir con una marcha de empleados públicos petroleros. Muchos temían que se generara una batalla campal en el centro de la ciudad.
El lugar de concentración de los opositores había sido tomado desde temprano por varios cientos de policías y guardias nacionales.
En la Plaza Brion, en el este de la ciudad, reporteros de The Associated Press pudieron observar varias tanquetas y centenares de guardias nacionales apostados para impedir el paso de la marcha de opositores.
La ministra de Defensa, almirante en jefe Carmen Meléndez, rechazó las acciones violentas.
“Rechazamos todas estas acciones que han generado un clima de violencia indeseado por lo cual nos hemos visto obligados a aplicar parte de nuestra fuerza, fuerza legítima del Estado. Lo hemos hecho y lo haremos mientras sea necesario con absoluto apego a las leyes y respetando los derechos humanos”, dijo Meléndez en alusión al uso de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los estudiantes en días pasados.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó el martes a la AP que la detención de López podría convertirse en un problema para el gobierno porque podría transformarse en un “mártir” y un “monstruo político”. “No estoy seguro que el gobierno sea tan bruto políticamente”, sostuvo.
León agregó en entrevista telefónica que el proceso contra López podría ayudar al gobierno a desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país, pero sostuvo que el malestar que existe entre los venezolanos no se podrá aplacar.
El analista indicó que las protestas que se han registrado en el país son un claro indicativo de un malestar general y aseguró que esa situación se mantendrá y originará “empeoramiento de la situación económica sin duda”.
A su vez, la Gaceta Oficial divulgó un decreto por el cual Gustavo González fue nombrado nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, criticado públicamente por Maduro por estar en la calle cuando se le había ordenado permanecer en sus instalaciones durante las protestas de la semana pasada. El decreto no hizo referencia a las razones del cambio.
