CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano “sistemáticamente” adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños a lo largo de décadas, denunció el miércoles un comité de derechos humanos de la ONU, que también llamó a la Santa Sede a abrir sus archivos de pedófilos y los obispos que ocultaron sus crímenes.
En un devastador informe, el comité criticó severamente al Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad, la planificación familiar y el aborto, y pidió que se revisen sus políticas para asegurar que se protejan los derechos de los niños y su acceso a la salud. El Vaticano rápidamente objetó el reporte.
El Vaticano objetó inmediatamente y su embajador ante la ONU acusó al comité de contrariar los objetivos de la organización internacional al dejarse llevar por ideólogos partidarios de los gay. Añadió que aparentemente el comité ni siquiera escuchó a la Santa Sede cuando explicó las medidas que había tomado para proteger a los niños.
El informe renueva la presión sobre el papa Francisco para avanzar decididamente a la hora de hacer frente a los abusos y cumplir las promesas de crear una comisión del Vaticano para estudiar los abusos sexuales y recomendar las mejores prácticas para luchar contra ellos. La comisión fue anunciada en el fragor del momento en diciembre, pero pocos detalles se han conocido desde entonces.
El comité emitió sus recomendaciones tras someter a un enviado del Vaticano a un interrogatorio que duró un día entero el mes pasado en el marco de la revisión a la forma en que la Santa Sede cumple con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU, el tratado clave que protege las garantías de los menores, ratificado por la Santa Sede en 1990.
Fundamentalmente, el comité rechazó el argumento de larga data del Vaticano de que no controla a los obispos o sus sacerdotes abusivos, al afirmar que la Santa Sede era responsable de aplicar tratados no sólo en el Estado de la Ciudad del Vaticano, sino en todo el mundo “como el poder supremo de la Iglesia Católica a través de las personas y las instituciones puestas bajo su autoridad”.
La ONU fustigó el “código de silencio” que se adoptó para silenciar a las víctimas y dijo que la Santa Sede “sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor sobre la protección de los niños”. Pidió a la jerarquía católica que compense a las víctimas y llame a rendir cuentas no sólo a quienes abusaron sino también a quienes encubrieron los crímenes.
“El comité está sumamente preocupado de que la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para atender los casos de violaciones contra niños y proteger a los menores, y ha adoptado políticas y prácticas que llevaron a la continuación del abuso y la impunidad de quienes lo perpetraron”, dice el informe.
Pidió que la naciente comisión papal para investigar los abusos realice una indagatoria independiente de todos los casos de abuso cometidos por sacerdotes y de la forma en que la Iglesia respondió, también llamó al Vaticano a establecer reglas claras para reportar esos casos en forma obligatoria ante la policía e impulsar leyes que permitan a las víctimas reportar crímenes aún después de que haya vencido el plazo para denunciar esos hechos.
Ningún obispo ha sido sancionado por proteger a sacerdotes que cometieron violaciones y no fue sino hasta 2010 cuando la Iglesia les ordenó denunciar a éstos ante la policía en los sitios donde la ley lo requiere. Autoridades del Vaticano han reconocido que la responsabilidad de los obispos sigue siendo un problema y han sugerido que la situación podría cambiar bajo el mando del papa Francisco.
Las recomendaciones del comité no son de cumplimiento obligatorio y no hay mecanismo para garantizar su aplicación. De hecho, la ONU pidió al Vaticano ponerlas en práctica e informar de ello en 2017. La Santa Sede tuvo un retraso de 14 años en entregar sus informes más recientes.
El comité está integrado por especialistas independientes, no por estados miembros de la ONU. El Comité para los Derechos del Niño es uno de 10 organismos que supervisan la aplicación de los tratados de derechos de la ONU, y entre sus 18 miembros hay académicos, sociólogos y especialistas en desarrollo infantil de todo el mundo.
El arzobispo Silvano Tomasi, quien encabezó la delegación del Vaticano en la sesión del 16 de enero en Ginebra, evidentemente estaba anonadado por el tono mordaz del informe.
“Parecería que el documento fue elaborado antes de la reunión del comité, donde el Vaticano dio respuestas detalladas sobre varios aspectos que no fueron mencionadas en este documento de conclusiones o aparentemente no fueron tomadas en cuenta”, dijo el prelado a la Radio Vaticana.
Aunque la atención se concentró en las violaciones a niños, las recomendaciones del comité fueron más allá y abordaron la discriminación hacia los niños y sus derechos de acceso a la salud, asuntos relacionados con la columna vertebral de las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida y la moral sexual.
El comité, por ejemplo, instó al Vaticano a que modifique su ley canónica para identificar los casos en que el acceso al aborto se pueda permitir para los menores, como para salvar la vida de una joven madre. Llamó a la Santa Sede a asegurar que la educación sexual, incluido el acceso a la información acerca de la anticoncepción y la prevención del VIH, sea obligatoria en las escuelas católicas. E instó a la Santa Sede a usar su autoridad moral para condenar la discriminación contra los niños homosexuales o aquellos criados por parejas del mismo sexo.
El Vaticano dijo que estudiaría el informe y en un comunicado reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos del niño consagrados en el tratado. Pero no estuvo de acuerdo con las recomendaciones del comité de cambiar la enseñanza central de la Iglesia sobre la vida.
“Sin embargo, la Santa Sede lamenta ver en algunos puntos de las observaciones finales un intento de interferir con el magisterio de la Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona humana y con el ejercicio de la libertad religiosa”, dijo el Vaticano.
Las enseñanzas de la Iglesia sostienen que la vida comienza en la concepción, por lo que el Vaticano se opone al aborto y la anticoncepción artificial. La Santa Sede tiene una historia de confrontación diplomática con Naciones Unidas sobre esos asuntos.
Austen Ivereigh, coordinador de Voces Católicas, un grupo de apoyo religioso, dijo que el informe era una “muestra estremecedora de ignorancia y elevada parcialidad”.
Dijo que el reporte no reconoce el progreso que se ha hecho en años recientes y que en muchos sitios la Iglesia es considerada líder en protección a los menores. También dijo que el comité no distinguió entre las responsabilidades y jurisdicción de la Santa Sede y las iglesias locales.
“No tiene en cuenta las particularidades de la Santa Sede, tratándola como si fuera la sede central de una empresa multinacional”, dijo en un correo electrónico.
Sin embargo, los grupos de víctimas elogiaron el informe como una llamada de alerta a las autoridades seculares para investigar los abusos y el encubrimiento y procesar a funcionarios de la iglesia que aún protegen a los sacerdotes abusadores.
“Este informe da esperanza a los cientos de miles de víctimas de abusos sexuales que resultaron profundamente heridas y que aún sufren abusos del clero en todo el mundo”, dijo Barbara Blaine, presidente del principal grupo de víctimas en Estados Unidos, SNAP. “Ahora le toca a los funcionarios seculares seguir el ejemplo de la ONU e intervenir para proteger a los más vulnerables porque las autoridades católicas o son incapaces o no están dispuestas a hacerlo”.
